La Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica han emitido llamados urgentes al Gobierno Nacional para que intervenga y proteja a la población civil atrapada en el fuego cruzado. La Defensoría del Pueblo constató en terreno la grave situación humanitaria que afecta a 516 familias de comunidades afrodescendientes e indígenas, quienes se ven obligadas a permanecer en sus viviendas para no ser víctimas de los ataques. El organismo denunció una serie de violaciones a los derechos humanos y al DIH, incluyendo “asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado de menores de edad, graves hechos de violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas, uso de drones para realizar ataques indiscriminados y ocupación de viviendas y bienes civiles”.

A pesar de que la comunidad fue reconocida como víctima, la respuesta humanitaria no ha sido oportuna, y las familias sobreviven sin acceso pleno a alimentos y atención médica.

Ante esta escalada, el monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, exigió a los grupos armados respetar la dignidad del pueblo y pidió al gobierno actuar “con toda la contundencia”. La Defensoría solicitó desde el 23 de septiembre a los Ministerios del Interior y de Defensa, así como a la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Buenaventura, acciones coordinadas para garantizar el acceso humanitario y activar la ruta de atención al confinamiento, sin que hasta ahora se haya resuelto la crisis.