La situación ha llevado a la Defensoría del Pueblo a insistir en la declaratoria de emergencia carcelaria en todo el país. En un lapso de nueve días, cuatro funcionarios del Inpec fueron asesinados y cinco resultaron heridos en ataques ocurridos en Bogotá, Cali, Palmira y Cartagena, elevando a ocho el número de homicidios de guardianes en 2025. El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, afirmó que “la hipótesis más grande es que es crimen organizado”, señalando que los ataques son una represalia sistemática por los más de 18.000 operativos realizados este año, en los que se han incautado miles de celulares y armas.

Aunque no se ha atribuido la autoría a un grupo específico, las investigaciones apuntan a estructuras como “Mago” (Muerte a Guardianes Opresores) y “La Inmaculada”.

El líder sindical Hernando Vitola denunció la vulnerabilidad de los funcionarios, asegurando que se ofrecen recompensas de “3 a 5 millones de pesos” por sus vidas y que carecen de protección fuera de los penales. Ante la crisis, el Inpec suspendió visitas en varias cárceles y el gobierno acordó con los sindicatos la creación de una prima de riesgo y la posibilidad de que los guardianes porten armas personales. La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha reiterado que la emergencia carcelaria permitiría tomar decisiones presupuestales y de traslados de forma más ágil, advirtiendo que la crisis se enmarca en problemas estructurales como el hacinamiento y la falta de procesos de resocialización efectivos.