Represión a protesta pro-Palestina en Medellín por 'gestores' civiles desata crisis política
La intervención violenta de contratistas civiles de la Alcaldía de Medellín contra una manifestación pacífica en apoyo a Palestina ha provocado una grave confrontación política entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Federico Gutiérrez, y ha puesto en tela de juicio el derecho a la protesta y el uso de la fuerza por parte de no uniformados. El 7 de octubre, durante una marcha en El Poblado, un grupo de “gestores de seguridad y convivencia” de la Secretaría de Seguridad agredió a varios manifestantes, dejando al menos dos heridos. Los videos viralizados muestran a los contratistas, identificados con chaquetas de la Alcaldía, golpeando y pateando a personas en el suelo. El presidente Petro reaccionó de inmediato, calificando a estos grupos como “milicias fascistas” y ordenando a la Policía su disolución e el inicio de una investigación penal. En contraste, el alcalde Gutiérrez defendió la actuación, argumentando que los gestores protegían a la ciudadanía de “actos de vandalismo” y acusó al presidente de “instrumentalizar a jóvenes para que salgan a las calles a generar violencia”. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, condenó los hechos, afirmando que podrían constituir “violaciones a los derechos humanos” y que los gestores no tienen facultades para usar la fuerza ni disolver protestas. Además, denunció que en el Puesto de Mando Unificado (PMU) se dieron “directrices de disolución de la protesta que, de no ser cumplidas, podrían tener consecuencias en la continuidad de los contratos de los gestores”. La Personería de Medellín también abrió una indagación previa. La polémica se intensificó con la presencia del concejal Andrés Rodríguez, quien portaba un bate y declaró “la guerra” a los manifestantes.



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