Otros atentados se reportaron en Palmira, donde murió el dragoneante Manuel Antonio Becerra Parra, y en Bogotá, donde un ataque frente a la cárcel La Modelo dejó un funcionario muerto y tres heridos.

La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) ha calificado la situación como una “masacre sistemática”. Las investigaciones apuntan a que los ataques son una retaliación de grupos criminales por los operativos contra la extorsión en las cárceles. Fuentes de inteligencia señalan que alias ‘Pipe Tuluá’ estaría ofreciendo hasta 5 millones de pesos por asesinar a guardianes para presionar su traslado a una cárcel de menor seguridad.

Como respuesta, el INPEC realizó un megaoperativo en 123 cárceles, incautando más de mil celulares, armas y estupefacientes. Además, el Gobierno evalúa permitir que los guardianes porten sus armas de dotación fuera de servicio y ha ofrecido recompensas de hasta 50 millones de pesos por información sobre los responsables.