La violencia contra líderes y lideresas sociales en Colombia no cesa, con recientes casos de asesinato y secuestro que evidencian el grave riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y el territorio. Los hechos, registrados en el norte del Cauca y el Valle del Cauca, involucran la acción de grupos armados ilegales y subrayan la vulnerabilidad de los defensores en zonas de conflicto. En Puerto Tejada (Cauca), el líder comunitario Marvin Andrés Romero, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Esperanza, fue asesinado el 4 de octubre en medio de una balacera. Romero, quien impulsaba procesos de apoyo a jóvenes en situación de conflicto, fue alcanzado por una bala perdida.
Con su muerte, la cifra de líderes sociales asesinados en Colombia durante 2025 asciende a 153, según Indepaz.
La Defensoría del Pueblo recordó que Puerto Tejada se encuentra bajo Alertas Tempranas que advierten sobre el riesgo por la presencia de disidencias de las Farc y bandas locales. En un hecho que generó repudio nacional e internacional, la joven lideresa Sara Sofía González Fajardo, de 18 años, fue secuestrada el 3 de octubre en Jamundí (Valle) por hombres armados que la sacaron a la fuerza de su vivienda. González, secretaria de la JAC del corregimiento de San Antonio, fue liberada días después en zona rural de Caloto (Cauca), gracias a la mediación de líderes sociales y comunitarios, sin intervención de organismos internacionales. La ONU y la Defensoría del Pueblo habían exigido su liberación inmediata, destacando que el secuestro representaba "una agresión a la organización social campesina". En la región operan las disidencias 'Jaime Martínez' del Estado Mayor Central.
En resumenEl asesinato del líder Marvin Romero y el secuestro de la joven Sara Sofía González son una muestra alarmante de la persistente violencia contra quienes ejercen liderazgos comunitarios en Colombia. Estos ataques no solo vulneran los derechos individuales de los defensores, sino que también socavan el tejido social y los esfuerzos de construcción de paz en territorios históricamente afectados por el conflicto armado, exigiendo una acción estatal más efectiva para su protección.