El proceso, llevado a cabo por la extinta "justicia sin rostro", estuvo plagado de irregularidades que vulneraron sus derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales. La CIDH concluyó que el Estado era responsable y recomendó dejar sin efectos la condena y otorgarle una reparación integral. La inocencia de Sastoque fue finalmente confirmada en 2020, cuando excomandantes de las FARC-EP, en una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reconocieron la autoría del asesinato y pidieron perdón a Sastoque. En sus declaraciones, Sastoque calificó el proceso como una "maldad" y un "falso positivo judicial", asegurando que fue elegido como "chivo expiatorio" a partir de un álbum de funcionarios del CTI.

"El perdón ya no sirve para nada porque el daño ya me lo hicieron", expresó, relatando que la condena injusta truncó sus sueños y provocó la muerte de su madre. La fiscal Camargo reconoció las vulneraciones y afirmó que el caso debe suscitar una "profunda reflexión" sobre el impacto de las decisiones judiciales.