Los ataques, perpetrados por sicarios en motocicleta, han dejado también a varios funcionarios gravemente heridos.

Esta situación llevó al Gobierno a conformar un grupo especial de investigación entre la Fiscalía y la Policía, además de ofrecer recompensas de hasta 50 millones de pesos por información sobre los responsables. Adicionalmente, se anunció un plan para adquirir chalecos y camisas balísticas para la protección de los guardias. Desde los sindicatos, como la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), la percepción es de abandono estatal. Denuncian que la situación corresponde a un "plan pistola" sistemático, con un saldo de 35 funcionarios asesinados desde 2024 y más de 270 amenazados en 2025. El vicepresidente del sindicato, Felipe Quimbayo, calificó los hechos como una "oleada terrorista" y exigió apoyo de la fuerza pública en los perímetros de las cárceles, especialmente durante los cambios de turno. Las investigaciones preliminares y las declaraciones de altos mandos, como el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, apuntan a que los atentados son una retaliación del crimen organizado por los más de 17.000 operativos realizados contra la extorsión y la corrupción dentro de los penales, donde se han decomisado unos 22.000 celulares.