El debate sobre el derecho a morir dignamente en Colombia ha tomado un nuevo impulso con la aprobación en primer debate del proyecto de ley que busca regular la eutanasia. La iniciativa, impulsada por el congresista Juan Carlos Losada, busca llenar el vacío legal que existe desde que la Corte Constitucional despenalizó el procedimiento en 1997, ofreciendo seguridad jurídica tanto a pacientes como a profesionales de la salud. Actualmente, el acceso a la eutanasia se rige por resoluciones del Ministerio de Salud, como la 971 de 2021, que establece los pasos para tramitar las solicitudes. Sin embargo, la falta de una ley formal ha generado barreras burocráticas y vacíos legales.
El nuevo proyecto de ley propone simplificar los trámites, definir criterios claros sobre quiénes pueden acceder al procedimiento —priorizando a personas con enfermedades graves, incurables o con sufrimiento extremo— y garantizar la autonomía del paciente en una decisión libre e informada. La discusión cobra relevancia con casos como el de Melisa Gaona, una joven de 25 años con endometriosis grado 4, una enfermedad que le causa un dolor crónico tan intenso que la ha llevado a solicitar formalmente la eutanasia. Su testimonio, recogido en un reportaje de “Los Informantes”, visibiliza el sufrimiento que enfrentan pacientes con enfermedades debilitantes y la urgencia de una regulación. “El dolor es tan fuerte que no puedo respirar, me desmayo, lloro, pero lloro de una forma inagotable”, relata. Para convertirse en ley, el proyecto debe superar tres debates más en la Cámara de Representantes y el Senado antes del 16 de junio de 2026, lo que convertiría a Colombia en uno de los pocos países de la región en regular explícitamente este derecho.
En resumenMientras el Congreso debate una ley para regular la eutanasia, el caso de una joven de 25 años con una enfermedad crónica dolorosa que solicita morir dignamente pone de relieve la urgencia de la medida. El proyecto, que ya superó su primer debate, busca ofrecer seguridad jurídica y agilizar un derecho despenalizado hace casi tres décadas pero que aún carece de un marco legal sólido.