Las cifras de los sindicatos son aún más alarmantes, reportando 69 guardianes asesinados en los últimos tres años.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, calificó los hechos como un “acto de barbarie terrorista” y aseguró que “el Estado responderá con firmeza”. Las investigaciones apuntan a que los ataques son una reacción de estructuras criminales a los más de 17.000 operativos realizados este año, en los que se han incautado cerca de 22.000 celulares. Organizaciones como la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) han exigido al Gobierno medidas urgentes, incluyendo la dotación de chalecos antibalas, vehículos blindados y más escoltas, argumentando que los funcionarios están expuestos a riesgos extremos sin el respaldo suficiente. La situación pone de manifiesto la vulnerabilidad del personal penitenciario y la capacidad de las mafias carcelarias para ejercer violencia fuera de los muros de las prisiones como mecanismo de presión e intimidación.