Entre las falencias destacadas se encuentran la limitada capacidad de atención a víctimas en zonas rurales y fronterizas, la falta de campañas masivas de prevención y los bajos índices de condenas a los tratantes. El documento subraya que la respuesta oficial se ha quedado corta en la identificación de víctimas y la judicialización de los responsables. El director de la Policía, Carlos Fernando Triana, reveló que entre 2024 y 2025 se han registrado 440 víctimas de este delito, con Bogotá, Cali y Medellín como epicentros de las redes criminales. La degradación en el ranking internacional no solo afecta la imagen del país en materia de derechos humanos, sino que también podría tener implicaciones en la cooperación internacional y en la asignación de ayudas económicas. Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad han advertido que la trata de personas en Colombia está intrínsecamente ligada a otras economías ilegales como el narcotráfico y la explotación laboral, afectando de manera desproporcionada a mujeres, niños, migrantes y comunidades vulnerables.