Una serie de trágicos eventos en diferentes regiones del país ha puesto en evidencia la grave vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, exponiendo fallas en los sistemas de protección, cuidado y justicia. Desde la muerte de un bebé en un centro de estimulación no autorizado hasta casos de intoxicaciones masivas y abuso sexual por parte de docentes, los derechos de la niñez se ven amenazados por la negligencia y la violencia. En La Calera, Cundinamarca, la comunidad está consternada por la muerte de Liam Gael, un bebé de 11 meses, quien falleció tras ser trasladado desde el centro de estimulación 'Art Kids' a un hospital sin signos vitales. La familia denuncia negligencia, ya que el establecimiento operaba como un comercio sin licencia educativa y, por tanto, sin la supervisión oficial de la Secretaría de Educación. La Fiscalía ha asumido la investigación penal.
En un hecho similar de vulneración del derecho a la salud y al cuidado, cuatro niños de entre 3 y 10 años en Soledad, Atlántico, resultaron intoxicados tras consumir una torta casera que contenía marihuana. Los exámenes toxicológicos confirmaron la presencia de cannabinoides y el ICBF inició un proceso de verificación de derechos.
Por otro lado, la violencia sexual sigue siendo un flagelo.
En Moniquirá, Boyacá, un profesor de artes fue enviado a prisión por presuntamente abusar de dos de sus alumnas de cinco y seis años durante tres años, intimidándolas para que guardaran silencio. En un caso separado, en Pitalito, Huila, otro docente fue asegurado en centro carcelario por presuntamente abusar de una adolescente de 17 años, aprovechando su condición de vulnerabilidad mientras estaba bajo tratamiento médico.
En resumenLa niñez en Colombia enfrenta una grave crisis de derechos, evidenciada por la muerte de un bebé en un jardín no regulado en La Calera, la intoxicación de cuatro niños con marihuana en Soledad, y múltiples casos de abuso sexual por parte de docentes. Estos hechos revelan fallas sistémicas en la protección, el cuidado y la justicia para los menores, exigiendo una acción estatal urgente y efectiva.