Esta estrategia busca resarcir a quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado, priorizando a poblaciones vulnerables y avanzando en el cumplimiento de sentencias judiciales históricas.

En jornadas recientes, la entidad ha materializado entregas significativas en diversas regiones del país.

En Ituango, Antioquia, uno de los municipios más golpeados por la violencia, se distribuyeron 213 cartas de indemnización por un valor superior a los 2.241 millones de pesos. Ramón Gerardo Posada, una de las víctimas de la masacre de El Aro, expresó que la indemnización "significa un reconocimiento del Estado por la resistencia que tuve de aguantar tantas circunstancias difíciles". Con esta entrega, la Unidad para las Víctimas supera los 4.500 pagos en Ituango desde 2012, con una inversión acumulada de más de 60.000 millones de pesos. Estas acciones también contribuyen al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de El Aro, que ordena al Estado colombiano implementar medidas de reparación integral. El director general de la entidad, Adith Rafael Romero, reiteró el compromiso del Gobierno del Cambio de acompañar y reparar a los sobrevivientes, afirmando que "el Estado colombiano se hace presente y no los ha olvidado". En total, el gobierno ha destinado 4,6 billones de pesos para indemnizaciones individuales, reparación colectiva y atención humanitaria, demostrando un esfuerzo por saldar la deuda histórica con las víctimas del conflicto armado en Colombia.