La acción, perpetrada con un artefacto explosivo improvisado y ráfagas de fusil, causó la muerte del subteniente Brayan David Bello Serrano, de 23 años, y dejó heridos a los soldados Santiago Salazar Cardona, Ángelo Ortiz Avendaño y Anuar Segundo Jarariyu Epieyu.

El hecho fue calificado por las autoridades como una "clara violación al derecho internacional humanitario", ya que la población civil quedó atrapada en medio del fuego cruzado, buscando refugio en viviendas cercanas. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció una agravante a esta violación: "una vez llegó la ambulancia para recoger a los heridos continuó el hostigamiento", lo que atenta directamente contra la misión médica, protegida por los tratados de Ginebra. Esta situación se suma a la denuncia del alcalde de Anorí, Gustavo Adolfo Silva, sobre la presencia de otro artefacto explosivo cerca de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), lo que ha impedido la reanudación de clases para los niños de la zona. Como respuesta a la escalada de violencia, la Alcaldía decretó toque de queda nocturno y otras medidas de seguridad hasta el 7 de octubre, buscando "preservar y garantizar la seguridad de la población". El ataque fue atribuido por el Ejército a la estructura bajo el mando de alias ‘Chejo’ y alias ‘Primo Gay’.