La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta sobre el grave escenario de riesgo que enfrenta la población civil en Cali, donde un “conflicto híbrido” amenaza los derechos humanos de sus habitantes. La confluencia de múltiples grupos armados y redes criminales ha convertido a la ciudad en un epicentro de violencia y control territorial. La Alerta Temprana Estructural 012 de 2025 detalla la presencia de actores como el ELN, disidencias de las FARC, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y redes criminales locales y transnacionales como los ‘Shottas’, ‘Espartanos’, el Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Estos grupos se disputan el control de rentas ilegales como el narcotráfico, la minería y la trata de personas, generando un clima de violencia sistemática que incluye extorsiones, desplazamientos, amenazas y reclutamiento de menores. La Defensoría advierte que la aparente estabilidad actual, basada en pactos frágiles entre estas estructuras, podría romperse y desencadenar una escalada de violencia.
Las poblaciones más vulnerables son los defensores de derechos humanos, líderes sociales, docentes, periodistas, migrantes y comunidades étnicas.
En este contexto, se registró el asesinato del docente y líder social Luis Ernesto Sánchez en la ciudad.
Adicionalmente, la Procuraduría ha instado a las autoridades locales a cumplir con los acuerdos de vivienda para las familias de la Minga, buscando garantizar el derecho a una vivienda digna. La situación se agrava con denuncias de tortura a un detenido dentro de la estación de Policía de la Nueva Floresta, lo que evidencia la vulnerabilidad de los derechos incluso bajo custodia estatal.
En resumenCali enfrenta una grave crisis de derechos humanos, según la Alerta Temprana de la Defensoría, debido a la disputa territorial de múltiples grupos armados. La violencia, que ya cobró la vida de un líder social, se suma a la vulneración de derechos en temas de vivienda y a denuncias de tortura en estaciones de policía, exigiendo una acción estatal integral y urgente.