Las poblaciones más vulnerables son los defensores de derechos humanos, líderes sociales, docentes, periodistas, migrantes y comunidades étnicas.

En este contexto, se registró el asesinato del docente y líder social Luis Ernesto Sánchez en la ciudad.

Adicionalmente, la Procuraduría ha instado a las autoridades locales a cumplir con los acuerdos de vivienda para las familias de la Minga, buscando garantizar el derecho a una vivienda digna. La situación se agrava con denuncias de tortura a un detenido dentro de la estación de Policía de la Nueva Floresta, lo que evidencia la vulnerabilidad de los derechos incluso bajo custodia estatal.