Este suceso viola el derecho fundamental a la salud y a la vida, afectando principalmente a poblaciones vulnerables. La tragedia se desató en el sector de El Boliche, en el centro de la ciudad, donde se comercializaba una bebida conocida como “cococho” o “Chirrinchi” a precios tan bajos como 2.000 pesos por botella.

Las investigaciones revelaron que el licor contenía metanol, un alcohol industrial altamente tóxico.

El toxicólogo Agustín Guerrero advirtió sobre las graves secuelas para los sobrevivientes, quienes podrían sufrir “ceguera” o “alteraciones similares al parkinson”.

El número de víctimas fatales ascendió progresivamente, con la última víctima identificada como Jorge Luis Matta Velásquez, quien falleció en una UCI.

Las autoridades han identificado a varias de las víctimas, aunque algunas permanecen sin identificar. La respuesta institucional ha sido contundente: la Alcaldía de Barranquilla activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) y la Procuraduría General de la Nación solicitó acciones urgentes a las secretarías de Gobierno y Salud para reforzar la vigilancia y pedagogía ciudadana.

Los operativos policiales han permitido desmantelar fábricas clandestinas en barrios como Las Nieves y Rebolo.

Un hecho relevante es que uno de los predios utilizados para la fabricación del licor estaba bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lo que ha generado cuestionamientos sobre el control de estos bienes.