La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) debido a graves deficiencias en la prestación de servicios de salud a los docentes y sus familias. La decisión, que tendrá una vigencia de tres meses, busca corregir fallas sistémicas que ponen en riesgo el derecho fundamental a la salud de este colectivo. La medida, ordenada mediante resolución, obliga al FOMAG, a su Consejo Directivo y a la Fiduprevisora S.A. —entidad administradora del sistema— a suspender de inmediato cualquier práctica que limite el acceso oportuno a los servicios de salud y a solucionar los retrasos en los pagos a la red de prestadores y proveedores. La Superintendencia ha sido enfática en que la crisis del nuevo modelo de salud de los maestros, implementado en mayo de 2024, ha generado un deterioro notorio en la atención. El representante a la Cámara Andrés Forero criticó duramente el sistema, señalando que, a pesar de un aumento del 50% en el gasto, la calidad del servicio ha empeorado. La Contraloría también reveló hallazgos fiscales por 82 mil millones de pesos en el nuevo modelo. Como parte de la medida cautelar, el Consejo Directivo del FOMAG deberá presentar en un plazo de cinco días un plan de contingencia con acciones verificables, cronogramas y recursos definidos para superar los problemas detectados.
La Fiduprevisora, por su parte, deberá ejecutar dicho plan y remitir informes semanales sobre su cumplimiento.
El FOMAG reconoció las dificultades y aseguró que ya ha adoptado medidas, como la apertura de 1.181 puntos de dispensación de medicamentos y el giro de 3 billones de pesos a prestadores en 2025. Sin embargo, la intervención de la Supersalud evidencia que las acciones han sido insuficientes para resolver una crisis que afecta a cientos de miles de maestros en todo el país.
En resumenAnte las persistentes fallas en el nuevo modelo de salud para los docentes, la Superintendencia de Salud ordenó una medida cautelar de tres meses contra el FOMAG. La entidad deberá presentar un plan de contingencia para garantizar el acceso a servicios y regularizar los pagos a la red de prestadores, en medio de una crisis que ha deteriorado la atención al magisterio.