
JEP advierte que falta de recursos pone en riesgo primeras sentencias restaurativas
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lanzó una advertencia urgente al Gobierno Nacional y al Congreso sobre el riesgo de no poder implementar sus dos primeras sentencias por falta de recursos. La ejecución de las sanciones restaurativas contra el antiguo secretariado de las FARC por secuestro y contra 12 exmilitares del Batallón La Popa por ‘falsos positivos’ requiere una inversión superior a los 121.000 millones de pesos, pero hasta ahora solo se han asegurado 20.000 millones. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, señaló que el presupuesto nacional para 2026 no garantiza la financiación necesaria para cumplir con los proyectos restaurativos ordenados, que son el núcleo de las sanciones propias del sistema de justicia transicional. Estas sanciones, que buscan reparar a las víctimas de más de 21.000 secuestros y 135 ejecuciones extrajudiciales, incluyen una serie de iniciativas con un alto componente simbólico y material. Entre los proyectos en riesgo se encuentran programas de desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, acciones de restauración ambiental y la creación de centros de memoria y armonización indígena. La sentencia contra los siete exintegrantes del secretariado de las FARC tiene un costo estimado de 35.762 millones de pesos, mientras que la de los militares del Batallón La Popa asciende a 86.000 millones. La JEP enfatizó que estas acciones no son solo un compromiso con las víctimas colombianas, sino también con la comunidad internacional y el sistema de monitoreo de la ONU, que evalúa la capacidad del Estado para garantizar la reparación. La falta de fondos podría convertir estas sentencias históricas en “sentencias de papel”, minando la credibilidad del proceso de paz y el derecho de las víctimas a una reparación efectiva y transformadora.



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