Las instituciones de justicia transicional en Colombia han dado pasos significativos para reparar a las víctimas de desaparición forzada, un crimen que ha dejado heridas profundas en miles de familias. A través de gestos restaurativos y la entrega digna de cuerpos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) buscan cerrar ciclos de dolor que han perdurado por décadas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Cristian Rojas Serrano, un estudiante de Derecho y militante de la Unión Patriótica desaparecido en Bogotá el 2 de enero de 1988. Tras 37 años de búsqueda incesante por parte de su familia, la JEP ordenó a la Universidad Autónoma de Bogotá otorgarle el título póstumo de abogado. Este acto, que se realizará el 26 de septiembre, se inscribe en una medida cautelar que protege el derecho a la verdad y la memoria. Para su hija, Yira Violeta, este reconocimiento no es solo un papel, sino “una reparación que confirma que la memoria se construye también con gestos tangibles” y restituye el sueño truncado de su padre.
En otro hecho de gran impacto humanitario, la UBPD entregó dignamente en Tierralta, Córdoba, los cuerpos de los hermanos José Ariel Hoyos Aviles y Jorge Luis Flórez Avilez, desaparecidos en 2007 tras viajar al Cesar en busca de trabajo. Sus restos fueron recuperados en junio de 2022 en el Cementerio Alterno de El Copey, en el marco de una medida cautelar de la JEP. La identificación fue posible gracias a las muestras de ADN tomadas a sus padres en 2024.
“Ahora, con ellos de nuevo acá, me siento triste y también contenta porque están en su tierra otra vez”, expresó su madre, Marta Avilés, tras 18 años de incertidumbre.
Estas acciones demuestran que la justicia transicional no se limita a sentencias, sino que se construye con gestos que devuelven la dignidad y reafirman la decisión de un país de no repetir la tragedia.