La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió sus primeras sentencias históricas, condenando a siete excomandantes de las FARC por una política sistemática de secuestros y a doce exmilitares por 135 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como 'falsos positivos'. Estas decisiones, que imponen sanciones restaurativas en lugar de cárcel, han generado un profundo debate nacional sobre la naturaleza de la justicia transicional, la reparación a las víctimas y el riesgo de impunidad. La primera sentencia, contra el último Secretariado de las FARC, los responsabiliza por más de 21.000 secuestros, calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las sanciones, de ocho años, consisten en trabajos como desminado, búsqueda de desaparecidos y proyectos ambientales. La segunda sentencia impuso penas de entre cinco y ocho años a exintegrantes del Batallón La Popa por asesinar a civiles, en su mayoría jóvenes e indígenas, para presentarlos como bajas en combate entre 2002 y 2005.
Las reacciones han sido polarizadas.
Mientras la JEP defiende el modelo como una forma de sanar las heridas del conflicto, varias organizaciones de víctimas, como la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) y familiares de los diputados del Valle, han apelado los fallos. Argumentan que las sanciones son simbólicas, no reparan integralmente el daño y no reflejan la gravedad de los crímenes. El ex policía torturado por las FARC, John Frank Pinchao, afirmó que la condena no refleja el dolor de las víctimas.
Por otro lado, la comunidad indígena kankuama respaldó la sentencia contra los militares.
El debate se centra en si las medidas restaurativas logran un equilibrio entre paz y justicia, o si se convierten en un mecanismo que, según críticos como el abogado Juan Manuel Charry, “no le hace justicia a las víctimas”.
En resumenLas primeras sentencias de la JEP contra la cúpula de las FARC por secuestro y contra militares por 'falsos positivos' han desatado una fuerte controversia. Mientras el tribunal defiende las sanciones restaurativas como un camino hacia la paz, diversas organizaciones de víctimas las consideran insuficientes y han apelado las decisiones, cuestionando si realmente se logra justicia y reparación integral.
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