Las víctimas fueron identificadas como Dayro Guerrero, Alejandro Larrahondo, Robert Balanta, Gabriel Balanta, Neftalí Trochez, Carlos José Piña y Dairo Velasco Galarza, entre ellos ciudadanos colombianos y venezolanos.

Este suceso ha reavivado el debate sobre la minería ilegal en el norte del Cauca, una región donde esta práctica no solo representa un riesgo constante para la vida de los trabajadores, sino que también está ligada a la violencia y al control territorial de grupos armados. Funcionarios de la alcaldía de Santander de Quilichao denunciaron que, a pesar de las alertas previas sobre los peligros del socavón, las autoridades competentes no intervinieron para prevenir la tragedia, evidenciando una falla institucional que costó vidas humanas.