Organismos como la ONU y la Defensoría del Pueblo han expresado su preocupación, haciendo un llamado a no estigmatizar a los líderes y comunidades, reconociendo que actúan bajo coacción y enfrentan amenazas de desplazamiento y asesinato. Estos eventos no solo representan una humillación para la Fuerza Pública, sino que también exponen la vulnerabilidad de la población civil, atrapada entre la presión de los grupos armados y la necesidad de una presencia estatal integral que garantice su protección y autonomía.