Investigación revela financiación de empresas eléctricas a batallones responsables de 'falsos positivos'

Una investigación periodística ha revelado que importantes empresas del sector eléctrico como ISAGEN, ISA y EPM entregaron más de 40 mil millones de pesos entre 2002 y 2008 a unidades militares que cometieron el mayor número de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, en el Oriente Antioqueño. Estos aportes se realizaron bajo la figura de convenios de cooperación para la protección de infraestructura energética. El reportaje, basado en el análisis de 400 convenios obtenidos a través de derechos de petición, detalla cómo batallones de la IV Brigada del Ejército, señalada por la JEP como una de las unidades con mayor sistematicidad en estos crímenes, recibieron financiación directa de las compañías. Unidades como el Batallón Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), responsable de más de 300 víctimas, y el Grupo Mecanizado Juan del Corral (CMJCO), aparecen explícitamente en los convenios firmados para proteger represas y torres de energía. La investigación destaca el caso de Luz Stelly Morales Arias, una joven de 16 años asesinada por militares del BAJES en 2003 cerca de la represa Calderas, de ISAGEN. A pesar de las denuncias tempranas de organizaciones de derechos humanos como la Corporación Jurídica Libertad sobre el patrón de asesinatos de civiles, las empresas continuaron firmando estos acuerdos. La investigación plantea un dilema ético sobre la debida diligencia de las empresas en zonas de conflicto y cómo la financiación directa a la fuerza pública pudo haber contribuido a la militarización de conflictos sociales y a la estigmatización de comunidades campesinas, vistas como enemigas para asegurar la operatividad empresarial.

En resumen

Una investigación periodística expuso que empresas del sector eléctrico como EPM, ISA e ISAGEN financiaron, mediante convenios de cooperación, a batallones del Ejército que cometieron cientos de 'falsos positivos' en el Oriente Antioqueño entre 2002 y 2008. A pesar de las denuncias tempranas sobre estos crímenes, los millonarios aportes para proteger infraestructura continuaron, planteando serios cuestionamientos sobre la responsabilidad empresarial en violaciones de derechos humanos.

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