
Asesinatos y ataques a líderes políticos agudizan la crisis de seguridad en el suroccidente del país
La violencia contra líderes políticos y sociales se ha recrudecido en el suroccidente de Colombia, con el asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, y un ataque armado contra la embarcación de la alcaldesa de Mosquera, Nariño, que dejó un líder social muerto. Estos hechos evidencian el control de grupos armados y la extrema vulnerabilidad de quienes ejercen funciones públicas en territorios en disputa. En Pradera, el secretario de Gobierno, José Dorien Jiménez Salazar, fue asesinado por sicarios la noche del 9 de septiembre mientras veía un partido de fútbol en el parque principal. Las autoridades manejan como principal hipótesis una retaliación de la banda criminal ‘Los Moros’, debido a que Jiménez lideraba operativos contra el microtráfico. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ofreció una recompensa de 100 millones de pesos y anunció el refuerzo de la seguridad en el municipio. Por otro lado, en Mosquera, Nariño, una embarcación que transportaba a la alcaldesa Karen Pineda fue atacada a disparos por la Armada Nacional el 8 de septiembre. En el incidente murió el líder social y asesor de la alcaldía, Luis Fernando Sánchez. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, presidió un Consejo de Seguridad donde se decidió que el caso será investigado por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar, además del traslado del personal de la Armada implicado. El columnista Gustavo A. Santana-Perlaza calificó el hecho como una “acción directa” y un “crimen que no admite atenuantes”, rechazando las justificaciones iniciales. Ambos sucesos han generado una fuerte condena y un llamado urgente a garantizar la protección de los funcionarios y líderes que trabajan en las regiones más afectadas por el conflicto armado.



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