A esta situación se suma una escasez de más de 200 medicamentos a nivel nacional, lo que obliga a los pacientes a interrumpir tratamientos vitales. La Superintendencia de Salud anunció una auditoría forense internacional a la Nueva EPS para esclarecer el destino de los recursos, mientras la crisis genera un fuerte debate político y pone en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.