Atentado terrorista en Medellín derriba torre de energía y eleva alerta de seguridad

Un ataque con explosivos derribó una torre de energía de EPM en el barrio Loreto de Medellín, en un acto atribuido a las disidencias del frente 36 de las FARC. El atentado, que no dejó víctimas pero sí daños materiales y temor en la comunidad, fue calificado como una retaliación por operativos de la Fuerza Pública en Antioquia. La noche del 10 de septiembre, dos detonaciones sacudieron el sector de La Asomadera, afectando la infraestructura eléctrica y causando daños en ventanas de viviendas cercanas. En el lugar fue hallada una bandera alusiva al frente 36 de las disidencias. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmaron que el ataque sería una represalia por un operativo policial en Campamento, donde fueron abatidos cuatro miembros de dicha estructura, entre ellos alias ‘Guillermino’, señalado de participar en el ataque que dejó 13 policías muertos en Amalfi en agosto. Como respuesta inmediata, las autoridades convocaron un consejo de seguridad y anunciaron medidas contundentes, incluyendo el despliegue de 100 hombres de las Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército en la ciudad y una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información sobre los responsables. Adicionalmente, equipos antiexplosivos realizaron detonaciones controladas de otros artefactos hallados en la zona para garantizar la seguridad. El hecho generó un fuerte rechazo de líderes políticos y gremiales como Fenalco Antioquia, quienes cuestionaron la política de ‘paz total’ del Gobierno Nacional, argumentando que permite el fortalecimiento de grupos armados. El gobernador Rendón fue enfático al señalar: “Este es el frente de Calarcá, el mismo criminal con quien el presidente Gustavo Petro insiste en negociar la paz total”.

En resumen

El atentado contra una torre de EPM en Medellín, atribuido a disidencias de las FARC como retaliación, marca una grave escalada de la violencia hacia zonas urbanas. La respuesta de las autoridades con mayor pie de fuerza y una millonaria recompensa evidencia la seriedad de la amenaza, mientras el suceso reaviva el debate nacional sobre la efectividad de la política de 'paz total'.

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