Sin embargo, el suceso ha generado un fuerte debate interno.

El profesor Diego Torres, representante de los docentes, denunció que la administración universitaria intentó minimizar los hechos, afirmando inicialmente que la explosión ocurrió en un parqueadero y no dentro de un edificio académico. Torres criticó lo que considera una “permisividad absoluta” y la falta de controles de ingreso, lo que ha permitido que el campus sea utilizado para fines no académicos. “Estamos mamados de la permisividad, de la complacencia con la violencia y del ocultamiento de información”, afirmó el docente, quien además señaló ser objeto de investigaciones disciplinarias por sus denuncias. Por su parte, la vicerrectora Jiménez defendió la política de campus abierto de la universidad, que recibe a unas 45.000 personas diariamente, y sostuvo que “nuestro propósito y nuestra apuesta es que nuestros campus sean territorios de paz”.