“Rechazamos y denunciaremos legalmente estos comportamientos que limitan el acceso a derechos”, afirmó la consejera.

El Distrito ofreció a quienes se quedaron alternativas como traslados a albergues temporales o inclusión en la Ruta de Integración Local con soluciones de vivienda, pero todas fueron rechazadas. La administración distrital también hizo un llamado al ICBF para garantizar la protección de los menores. A pesar de los obstáculos, el operativo de retorno avanza de manera escalonada, con traslados programados desde los albergues de La Rioja y La Florida.

El plan incluye un apoyo económico de $1.800 millones en transferencias monetarias para las familias retornadas, así como garantías en salud y educación.