El proceso de retorno voluntario de más de 1.500 indígenas emberá, que permanecían asentados en Bogotá, hacia sus territorios ancestrales en Risaralda y Chocó ha comenzado, aunque no sin controversias. Mientras la mayoría de las familias aceptaron el plan coordinado por la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Bogotá, un grupo de aproximadamente 100 a 167 personas se negó a abandonar el Parque Nacional, presuntamente por presiones de uno de sus voceros.La Alcaldía de Bogotá, a través de la secretaria de Integración Social, Roberto Angulo, y la consejera de Paz, Isabelita Mercado, denunció penalmente al vocero Fernando Queragama por presuntamente impedir el acceso de las familias a la oferta institucional y obstruir la garantía de los derechos de unos 60 niños y adolescentes. Según Mercado, el vocero habría exigido “hasta 30 millones de pesos” y contratos para permitir el retorno.
“Rechazamos y denunciaremos legalmente estos comportamientos que limitan el acceso a derechos”, afirmó la consejera.
El Distrito ofreció a quienes se quedaron alternativas como traslados a albergues temporales o inclusión en la Ruta de Integración Local con soluciones de vivienda, pero todas fueron rechazadas. La administración distrital también hizo un llamado al ICBF para garantizar la protección de los menores. A pesar de los obstáculos, el operativo de retorno avanza de manera escalonada, con traslados programados desde los albergues de La Rioja y La Florida.
El plan incluye un apoyo económico de $1.800 millones en transferencias monetarias para las familias retornadas, así como garantías en salud y educación.
En resumenEl retorno de más de 1.500 indígenas emberá desde Bogotá a sus territorios ha comenzado, con apoyo logístico y económico del Distrito. Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos, ya que un grupo de unas 100 personas permanece en el Parque Nacional, presuntamente por presiones de un vocero a quien la Alcaldía denunció por exigir dinero e impedir el acceso de los niños a servicios sociales.