En el atentado también resultaron heridas otras dos personas, incluyendo su asistente personal. Pese a ser trasladado a un centro médico en Palmira, el funcionario falleció debido a la gravedad de las heridas. Jiménez era un reconocido abogado, periodista, exconcejal por el Partido Conservador y líder social, según Indepaz, destacándose por su “lucha en favor de las mejoras territoriales de su comunidad”. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, calificó el hecho como un “vil asesinato” y anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información sobre los responsables.

Adicionalmente, se convocó un consejo extraordinario de seguridad donde se determinó implementar un plan desarme y patrullajes mixtos.

La principal hipótesis, según la gobernadora Toro y el alcalde de Pradera, Francisco Javier Guzmán, es que el crimen fue una retaliación por el trabajo que Jiménez lideraba contra las “ollas de expendio” de microtráfico en el municipio, aunque el funcionario no había manifestado recibir amenazas. El crimen ocurre en un contexto de alta inseguridad en la región, donde delinquen estructuras como el frente Adán Izquierdo de las disidencias de las FARC y bandas locales.