Este hecho evidencia la crudeza del conflicto asociado al narcotráfico y la grave violación al Derecho Internacional Humanitario en la región. El suceso ocurrió el 3 de septiembre, cuando el subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez y los soldados profesionales Sebastián Díaz Amaya y Daniel Fierro Rubiano adelantaban la destrucción de un laboratorio de cocaína en la vereda Siloé. En medio de una asonada, presuntamente impulsada por los Comandos de Frontera, dos individuos rociaron con combustible y prendieron fuego a los uniformados. El subteniente Mejía sufrió quemaduras de tercer grado en el 75 % de su cuerpo, mientras que el soldado Díaz Amaya resultó con quemaduras en el 30 %.

Ambos fueron trasladados en estado crítico al Hospital Militar Central en Bogotá.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el acto como “una infamia, un ataque demencial” y anunció una recompensa de 200 millones de pesos por los responsables, a quienes describió como “criminales y narcos”. Como respuesta, el Gobierno ordenó un despliegue masivo en el departamento, que incluye más de 200 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido, cuatro embarcaciones de la Armada, diez vehículos blindados y el fortalecimiento de la Patrulla Púrpura para atender la violencia intrafamiliar. La Defensoría del Pueblo exigió la suspensión de los diálogos de paz con los Comandos de Frontera, argumentando que el ataque viola los principios de buena fe. En un desgarrador testimonio, Yolanda Amaya, madre del soldado Sebastián Díaz, expresó su dolor y perdonó a los agresores: “Solo la justicia divina será quien se encargará de lo que hicieron.

Ellos no tienen corazón, son gente inhumana”.