La Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas (AT 002/19 y AT 019/23) sobre el escenario de riesgo para defensores de derechos humanos en la región. Organizaciones como la Fundación Sumapaz y Corpades rechazaron el crimen, destacando que Suárez lideró programas de sustitución de cultivos y diversas iniciativas sociales. Su asesinato, según Corpades, “refleja la alarmante situación en Antioquia, el segundo departamento con más líderes asesinados en 2025”, y subraya la “falta de planes efectivos” para protegerlos.