En un hecho histórico para la defensa de sus derechos, más de 800 organizaciones campesinas radicaron ante la Registraduría Nacional una iniciativa de Consulta Popular. Esta busca blindar la Reforma Agraria y garantizar el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, utilizando un mecanismo de participación ciudadana para llevar sus demandas directamente a las urnas. La iniciativa, impulsada por la Asamblea Popular Campesina que reunió a más de 1.200 líderes en Bogotá, tiene como objetivo recolectar cinco millones de firmas para someter a votación cinco preguntas clave. Estas abordan temas centrales para el campo colombiano, como el acceso y la redistribución de la tierra mediante la recuperación de baldíos y bienes incautados al narcotráfico; el fortalecimiento de la economía campesina para combatir el hambre; la permanencia de las comunidades en áreas protegidas con proyectos agroecológicos; la garantía de los derechos del campesinado según el Artículo 64 de la Constitución; y la protección de la vida y la paz en los territorios, con especial énfasis en los líderes sociales y ambientales. Este movimiento surge como una respuesta a lo que las organizaciones consideran una “obstrucción política del Congreso de la República”.
Como expresó José William Orozco, defensor de derechos campesinos, “nuestra resistencia frente al despojo, la marginación y el exterminio hoy se levanta y continúa luchando desde la movilización”. La propuesta ha recibido el respaldo de altos funcionarios del Gobierno, como la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, quienes se comprometieron a acompañar la iniciativa. La consulta refleja las tensiones persistentes sobre la tenencia de la tierra, como el caso de campesinos en El Carmen de Bolívar a quienes la ANT entregó predios que no pueden cultivar por restricciones ambientales.
En resumenLa Consulta Popular Campesina representa un significativo ejercicio democrático en el que las comunidades rurales toman acción directa para asegurar sus derechos fundamentales a la tierra, el reconocimiento político y una vida digna. Esta movilización busca impulsar la reforma agraria y construir la paz desde los territorios, enfrentando la inacción política a través de la participación ciudadana.