“Este es un programa progresivo.

Ninguna de las partes puede reducir los aportes.

Es una obligación legal”, afirmó Rivera, recordando que desde 2016 el PAE requiere cofinanciación.

Por otro lado, la Federación Colombiana de Municipios, en voz de su presidente y alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, argumenta que el Gobierno ha descentralizado competencias sin transferir los recursos suficientes. “Aquí lo que ha pasado es que la descentralización se ha hecho en materia de competencias, pero no de recursos”, señaló. La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, ejemplificó la situación al indicar que su ciudad recibe solo 6.000 millones de pesos de la Nación para un programa que cuesta más de 39.000 millones. En contraste, la Gobernación de Antioquia logró asegurar los recursos para atender a más de 315.000 estudiantes en 2026, demostrando que la gestión local también es un factor determinante. Mientras la disputa continúa, la Contraloría General advierte que más de 3,5 millones de niños podrían verse afectados si no se cubre el déficit general.