El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down hallada sin vida en Cajicá, ha conmocionado al país y ha abierto un intenso debate sobre la responsabilidad institucional y las circunstancias de su muerte. Aunque el dictamen forense inicial apunta a ahogamiento, la familia y su defensa insisten en que hubo intervención de terceros y negligencia por parte del colegio. Valeria desapareció el 12 de agosto y su cuerpo fue encontrado 17 días después en el río Frío, en un punto que, según las autoridades y su propio padre, ya había sido rastreado en múltiples ocasiones. El Instituto Nacional de Medicina Legal concluyó que la causa de muerte fue “ahogamiento o sumersión en medio líquido”, sin encontrar signos de violencia física en el cuerpo. Sin embargo, la familia, a través de su abogado Julián Quintana, sostiene que esto no descarta un homicidio. “Una cosa es la causa de la muerte y otra, lo que la originó. La niña no llegó sola al río ni se sumergió por sí misma; que no haya golpes ni fracturas no significa que no existiera violencia.
Un simple empujón ya tiene relevancia penal”, sostuvo el abogado.
A esta duda se suma el hallazgo de dos heridas en la mano y el tórax de la menor, producidas mientras aún estaba con vida. El padre de Valeria, Manuel Afanador, ha sido enfático: “Nuestra hija no salió sola.
Hay que indagar si alguien la empujó, sí hubo una tercera mano”.
La responsabilidad del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe está en el centro del debate. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció un proceso administrativo sancionatorio contra la institución para determinar posibles deficiencias en la prestación del servicio educativo que facilitaron la tragedia. El abogado de la familia ha solicitado el cierre del colegio, argumentando que “no cumple con las condiciones mínimas de seguridad”.
En resumenLa muerte de Valeria Afanador sigue siendo un caso con múltiples interrogantes. Mientras el informe forense indica ahogamiento, la insistencia de la familia en la participación de terceros y las evidentes fallas institucionales del colegio exigen una investigación exhaustiva para alcanzar la justicia y prevenir futuras tragedias.