Según la Fiscalía, los criminales realizaron al menos cuatro videollamadas para planificar el ataque y documentar en tiempo real los seguimientos a la rutina del senador, incluyendo su residencia y vehículo. La sofisticación del plan incluyó la modificación de una pistola Glock para aumentar su letalidad y permitir disparos en ráfaga. Uno de los aspectos más graves del caso es la instrumentalización de un menor de edad, quien fue el encargado de accionar el arma. Las investigaciones señalan que el adolescente estaba subordinado a Harold Daniel Barragán Ovalle, alias ‘Harold’, el séptimo capturado en el caso, quien habría participado en la logística y alteración del arma.

El crimen fue cometido bajo la promesa de una remuneración económica, con pagos definidos para cada participante según su rol.

El día previo al atentado, se realizó un reconocimiento del lugar, coordinado por videollamada con uno de los cabecillas, Jaro Loballe. El día del ataque, alias ‘Harold’ y otros implicados afinaron los últimos detalles y entregaron el arma modificada al menor, quien procedió a disparar contra el senador Uribe Turbay, causándole heridas que provocaron su muerte semanas después, el 11 de agosto.

Este magnicidio evidencia la alarmante capacidad de las redes criminales para utilizar tecnología, planificar ataques complejos y vulnerar los derechos fundamentales, representando una grave amenaza para la democracia y la seguridad nacional.