El hallazgo sin vida de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down que estuvo desaparecida durante 18 días en Cajicá, Cundinamarca, ha generado una profunda conmoción en Colombia. Este caso ha puesto en el centro del debate público la protección de los derechos de los niños, especialmente de aquellos con discapacidad, y ha desatado serios cuestionamientos sobre la responsabilidad de las instituciones educativas y la eficacia de los protocolos de búsqueda de las autoridades. La desaparición de Valeria ocurrió el 12 de agosto desde el Gimnasio Campestre Los Laureles. Tras 18 días de una intensa búsqueda que movilizó a más de 200 personas, drones, buzos y la comunidad, su cuerpo fue encontrado por un campesino en el río Frío, a escasos 200 metros del colegio.
La principal inconsistencia que ha generado indignación es que dicha zona ya había sido inspeccionada en múltiples ocasiones. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, manifestó que "resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces", sugiriendo que pudo haber sido colocado en el lugar recientemente.
Esta hipótesis es compartida por el abogado de la familia, Julián Quintana, quien además denunció presuntas negligencias por parte del colegio.
Quintana afirmó que la institución "no tenía las condiciones para garantizar que la niña no saliera" y que, tras la desaparición, se habrían alterado posibles pruebas al reparar las cercas defectuosas. La Fiscalía General de la Nación confirmó que el caso se investiga como un homicidio y designó un equipo élite para esclarecer los hechos. La comunidad despidió a la menor en una multitudinaria caravana, un acto de duelo colectivo que se convirtió en un clamor por justicia y por la protección de la infancia en el país.
En resumenLa muerte de Valeria Afanador es investigada como un homicidio, con la necropsia de Medicina Legal como pieza clave para determinar las causas y el tiempo del deceso. El caso ha destapado presuntas fallas en la seguridad del colegio y en los operativos de búsqueda, generando un debate nacional sobre la protección de los derechos de los niños y la necesidad de una justicia eficaz para evitar que crímenes de esta naturaleza queden en la impunidad.