El derecho fundamental a una alimentación equilibrada para miles de niños y niñas en Colombia está en riesgo por graves fallas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). La Contraloría y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) alertan sobre una desfinanciación estructural y problemas de ejecución que podrían dejar sin comida a más de 3,5 millones de estudiantes en los próximos meses. Actualmente, más de 120.000 estudiantes en regiones como Buenaventura y Tolima ya no reciben la alimentación escolar debido a problemas en la ejecución de los recursos. Según Sebastián Rivera, director de la UApA, en Buenaventura los fondos se ejecutaron para cubrir a más beneficiarios por un tiempo más corto, mientras que en Tolima la causa fue la baja eficiencia presupuestal.
Esta situación es un síntoma de un problema mayor: una desfinanciación que amenaza con suspender el PAE en el 65 % del territorio nacional entre septiembre y octubre.
Andrey Geovanny Rodríguez, contralor delegado para la Educación, explicó que el programa “nació desfinanciado”, pues de los 4,3 billones de pesos solicitados por la UApA para 2025, solo se asignaron 2,1 billones. Además de la falta de recursos, el programa enfrenta críticas por la calidad nutricional de las raciones. El director de la UApA admitió que el 21 % de los alimentos entregados corresponde a productos industrializados y que “no existe actualmente en la UApA una estrategia encaminada a hábitos alimenticios saludables”. Este panorama agrava la triple carga de malnutrición que vive el país, donde coexisten la desnutrición, la carencia de micronutrientes y el sobrepeso. En este contexto, se radicó por tercera vez en el Congreso un proyecto de ley que busca crear ambientes escolares saludables, prohibiendo la venta y publicidad de productos ultraprocesados en los colegios.
En resumenEl Programa de Alimentación Escolar (PAE) enfrenta una crisis crítica, con 120.000 niños ya sin servicio en Buenaventura y Tolima por fallas de ejecución. La Contraloría advierte que el programa está desfinanciado y podría suspenderse en el 65% del país, afectando a millones de estudiantes y vulnerando su derecho a la alimentación.