Un fallo de la Corte Constitucional ha modificado una norma clave del procedimiento penal, otorgando a las víctimas un rol más activo en la solicitud de medidas de aseguramiento contra sus agresores. Esta decisión, impulsada por dos abogados de Barranquilla, busca equilibrar el proceso y garantizar una protección más efectiva de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. La Corte Constitucional amplió significativamente la capacidad de intervención de las víctimas y sus apoderados dentro del proceso penal, al modificar la interpretación del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. Anteriormente, las víctimas solo podían solicitar una medida de aseguramiento si la Fiscalía se abstenía de hacerlo. Esto creaba un vacío legal, pues si la Fiscalía pedía una medida considerada insuficiente por la víctima (como detención domiciliaria en lugar de carcelaria) o la formulaba de manera deficiente, esta no tenía herramientas para intervenir. Con el nuevo fallo, las víctimas ahora pueden solicitar directamente al juez la imposición de una medida de aseguramiento, incluso si la Fiscalía ya ha presentado una.
Esto les permite, por ejemplo, pedir una medida más severa o aportar nuevos elementos probatorios para sustentar su petición.
Los abogados Carlos Alberto Jiménez Cabarcas y María Gabriela Mejía Gazabón, quienes impulsaron la demanda, explicaron que la decisión equilibra el poder en la audiencia y evita que las víctimas dependan exclusivamente del criterio del fiscal. La Corte consideró que la limitación anterior era una restricción inconstitucional a los derechos de las víctimas, reafirmando su rol como sujetos procesales activos y no como meros espectadores en la búsqueda de justicia. Este cambio representa un avance en la protección efectiva de las víctimas, dándoles una voz más fuerte para velar por su seguridad y la no repetición de los hechos.
En resumenLa Corte Constitucional determinó que las víctimas pueden solicitar directamente medidas de aseguramiento contra los procesados, incluso si la Fiscalía no lo hace o pide una medida menor. Este fallo histórico, impulsado por abogados de Barranquilla, fortalece el derecho a la justicia y la protección de las víctimas en el sistema penal colombiano.
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