Un informe de Naciones Unidas revela un alarmante deterioro de la situación humanitaria en Colombia durante los primeros siete meses de 2025. La violencia armada y los desastres naturales han provocado un aumento drástico en el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades, afectando gravemente los derechos humanos de la población civil. El más reciente Informe de Situación Humanitaria de la ONU evidencia que entre enero y julio de 2025, más de 74.400 personas fueron víctimas de desplazamientos masivos, lo que representa un incremento del 85 % en comparación con el mismo periodo de 2024. A esta cifra se suman 57.000 desplazamientos individuales, afectando principalmente a departamentos como Norte de Santander, Bolívar, Cauca y Valle del Cauca.
Paralelamente, los confinamientos forzados impuestos por grupos armados no estatales afectaron a 113.000 personas, un 52 % más que el año anterior, con especial incidencia en Cauca, Chocó y Guaviare.
Estos eventos están directamente asociados a paros armados y enfrentamientos territoriales.
El informe también subraya un aumento del 94 % en el uso de artefactos explosivos, incluyendo minas antipersonal y drones con cargas explosivas, que han afectado a más de 5.300 personas. La crisis se agrava por el impacto de desastres naturales, que han dejado a casi 700.000 personas damnificadas por inundaciones y deslizamientos.
Las comunidades más vulnerables son las indígenas y afrocolombianas, que representan el 20 % y 22 % de las víctimas, respectivamente, mientras que los niños, niñas y adolescentes constituyen el 14 %. La ONU concluye que Colombia enfrenta un escenario complejo que demanda una respuesta urgente y coordinada para proteger a las poblaciones más afectadas.
En resumenLa situación humanitaria en Colombia se ha deteriorado gravemente en 2025, con un aumento del 85% en desplazamientos masivos y un 52% en confinamientos, según la ONU. Más de 187.000 personas han sido directamente afectadas por la violencia armada, mientras que desastres naturales han impactado a casi 700.000, evidenciando una crisis que requiere acción estatal inmediata.