Posteriormente, más de 600 personas, presuntamente presionadas por la estructura de alias ‘Jimmy Parra’ o ‘Jimmy Martínez’, rodearon a los uniformados, impidiendo su movilidad. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, quien medió en la liberación junto a la OEA y la ONU, hizo un llamado a “no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto”. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunciaron la instrumentalización de la población. Petro también alertó sobre la desaparición de un campesino que se habría opuesto a participar en el cerco a los soldados y ordenó una investigación por desaparición forzada. El ministro Sánchez confirmó que se interpuso una denuncia penal por secuestro, asonada y obstrucción a la función pública, y ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para identificar a los responsables. Este episodio subraya la vulneración de los derechos humanos de la población civil, atrapada entre las acciones de la Fuerza Pública y la coacción de los grupos armados que ejercen control territorial.