La familia, a través de su abogado Julián Quintana, ha sido enfática en exigir justicia y ha denunciado presuntas omisiones y manipulación de la escena por parte del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde la niña fue vista por última vez. Quintana señaló que la institución “no tenía condiciones de seguridad para garantizar que la niña no saliera” y que, tras la desaparición, taparon con cemento y tablas los huecos en las rejas por donde se presume que pudo haber salido. El jurista afirmó que “como representantes de víctimas no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad”. El caso ha escalado a nivel nacional, llevando a la Policía a designar un “equipo élite de la Dirección de Investigación Criminal” para esclarecer los hechos. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, lamentó la tragedia y exigió que el caso no quede impune, mientras la Procuraduría solicitó a las autoridades celeridad en las investigaciones. La necropsia a cargo de Medicina Legal será clave para determinar el tiempo y la causa de la muerte, lo que podría confirmar o descartar la participación de terceros en este crimen que vulnera los derechos de una menor en condición de discapacidad.