Miguel Ángel Pabón era un líder comunitario y miembro del Movimiento Ríos Vivos Santander.

Su activismo se centró en denunciar los impactos socioambientales del megaproyecto hidroeléctrico de Isagen, como la alteración de la seguridad alimentaria de miles de familias de pescadores y campesinos. Su desaparición se enmarca en un contexto de violencia sistemática en la zona de influencia de la represa, donde entre 2009 y 2014 fueron asesinados al menos otros seis defensores del territorio. En 2020, Jorge Larrota Portilla, un contratista de la obra vinculado a grupos paramilitares, fue condenado a 39 años de cárcel por la desaparición forzada, tortura y homicidio de Pabón. Sin embargo, a pesar de la condena, los responsables no han revelado la ubicación de su cuerpo. Por esta razón, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) mantiene su caso activo dentro del Plan Regional de Búsqueda Yariguíes. Abogados y organizaciones de derechos humanos, como el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, critican que la investigación no profundizó en los autores intelectuales ni en los posibles nexos de los condenados con la fuerza pública, dejando una sensación de justicia incompleta. La lucha de Pabón y su trágico destino continúan siendo un símbolo de la resistencia comunitaria frente a un modelo de desarrollo que, según denuncian, prioriza los intereses económicos sobre los derechos humanos y ambientales.