Las regiones con mayor número de casos son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander. Además, el informe destaca la interseccionalidad de la violencia, con al menos 15 mujeres indígenas y afrodescendientes entre las víctimas, y un aumento de casos en zonas de conflicto armado. A pesar de contar con la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely), la impunidad es alta. Menos del 20% de los casos registrados avanzan en procesos judiciales bajo la tipificación de feminicidio; muchos son investigados como homicidios simples, invisibilizando el componente de género. Casos como el de Yuli Mosquera en Neiva, quien sobrevivió a un intento de feminicidio y fue revictimizada por las instituciones que inicialmente catalogaron el hecho como un accidente de tránsito, exponen las fallas en la ruta de atención. Los movimientos feministas continúan exigiendo al Estado mayor presupuesto, justicia efectiva y una política integral que garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.