La desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, en Cajicá, ha generado una movilización nacional y ha puesto en tela de juicio los protocolos de seguridad escolar y la respuesta de las autoridades. El caso expone graves falencias institucionales y la vulnerabilidad de los menores de edad en el país. Valeria fue vista por última vez el 12 de agosto en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles. Desde entonces, su familia ha liderado una búsqueda desesperada, denunciando lo que consideran una “inexcusable demora e ineficiencia” por parte de la Fiscalía, el CTI y la Policía. La Defensoría del Pueblo respaldó estas preocupaciones en un informe que advierte sobre “graves deficiencias” en la actuación estatal, señalando que se incumplieron los principios de protección integral de la niñez. Entre las fallas se destaca que la circular amarilla de Interpol se emitió siete días después de la desaparición, un retraso calificado como “injustificado”. Además, no se activaron de inmediato los mecanismos de búsqueda urgente. La familia, a través de su abogado Julián Quintana, sostiene la hipótesis de un secuestro y ha criticado al colegio por presuntamente alterar la escena. El padre de la menor, Manuel Afanador, ha hecho un llamado a organismos internacionales, afirmando: “Lo único que yo necesito es busquen la niña. Nadie la está buscando”.
La investigación analiza nuevas pistas, como un video de seguridad que muestra a Valeria cerca de una reja antes de desaparecer y un dibujo que realizó en clase, el cual es estudiado por psicólogos forenses.
Mientras tanto, la familia vive una profunda angustia.
“Mis hijos tienen pánico de salir”, expresó el padre, reflejando el impacto en todo el núcleo familiar.
En resumenEl caso de Valeria Afanador evidencia fallas críticas en la protección de los derechos de la niñez, con denuncias de negligencia tanto del colegio como de las instituciones estatales. La búsqueda continúa en medio de la angustia familiar y la exigencia de una investigación coordinada y efectiva que permita dar con el paradero de la menor y garantizar justicia.