Uribe Turbay falleció semanas después a causa de las heridas.

Durante el proceso judicial, el joven aceptó los cargos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas, lo que permitió un fallo anticipado. La investigación de la Fiscalía reveló que el menor fue contactado por una estructura criminal, recibió una pistola Glock 9 mm y ejecutó el atentado. La sanción ha sido fuertemente criticada por diversos sectores. Víctor Mosquera, abogado de la familia Uribe Turbay, manifestó que, aunque respeta la decisión, “esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado.

Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”.

Congresistas como Andrés Forero y Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, coincidieron en que la norma actual crea un incentivo perverso para que las organizaciones delictivas recluten a jóvenes, sabiendo que no enfrentarán condenas severas. El caso ha reavivado las discusiones sobre la necesidad de reformar la legislación para que los menores vinculados a delitos de alto impacto no gocen de beneficios penales reducidos, mientras las autoridades continúan la investigación para identificar a los autores intelectuales del magnicidio.