La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) reveló una alarmante actualización del universo de víctimas del conflicto armado, elevando la cifra a 132.877 casos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016. Este nuevo balance, que se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, evidencia la magnitud de una tragedia que persiste a pesar de la firma del acuerdo de paz. El incremento de 5.982 casos adicionales con respecto al último informe es el resultado de un riguroso proceso de verificación y depuración de 21 bases de datos, incluyendo las de Medicina Legal, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad para las Víctimas. Luz Janeth Forero, directora de la UBPD, destacó la importancia de este esfuerzo técnico, señalando que por primera vez se realizó una revisión manual de cerca de 32.000 registros individuales. “Esta cifra que le presentamos al país es absolutamente importante porque muestra que tenemos certeza sobre las personas que estamos buscando y refleja el trabajo riguroso y técnico de esta entidad”, afirmó Forero.
A nivel regional, el drama es palpable, como en Norte de Santander, donde los registros aumentaron en 587 casos nuevos, alcanzando un total de 5.793 personas desaparecidas. Sin embargo, existe una brecha significativa entre el universo de desaparecidos y los procesos formales iniciados, ya que a nivel nacional solo existen 33.630 solicitudes de búsqueda activas, impulsadas por más de 43.800 personas buscadoras, en su mayoría familiares.
Factores como el miedo a denunciar y el desconocimiento sobre la UBPD continúan siendo barreras para la búsqueda. La persistencia de este crimen se refleja en la lucha incansable de organizaciones como la Red de Buscadoras de Bogotá, que organizan marchas para exigir verdad, justicia y no repetición.
En resumenLa UBPD actualizó la cifra de personas desaparecidas por el conflicto armado a 132.877, un aumento de casi 6.000 casos. A pesar de los esfuerzos técnicos de la entidad, persiste una gran brecha entre el número de víctimas y las solicitudes formales de búsqueda, un desafío agravado por el miedo y el desconocimiento que enfrentan las familias buscadoras.