La comunidad educativa, gremios médicos y la sociedad civil organizaron cadenas de oración, plantones y manifestaciones para exigir su liberación inmediata.

Las autoridades, por su parte, ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que condujera a su paradero. La liberación se habría logrado gracias a la mediación de una misión humanitaria de la ONU, según confirmaron fuentes policiales. El personero de Sevilla destacó que el desenlace fue posible gracias a la presión social y al trabajo articulado entre diversas entidades. “Hoy celebramos que Daniela esté de nuevo con sus seres queridos, porque la comunidad nunca dejó de unirse en oración ni de alzar la voz para exigir su libertad”, señaló Osorio Londoño. Aunque las autoridades no han entregado detalles sobre los responsables, las investigaciones apuntan a la posible participación de frentes disidentes de las FARC con presencia en el norte del Valle. El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad de los profesionales de la salud en zonas afectadas por el conflicto y la persistencia del secuestro como un flagelo que atenta contra los derechos humanos en la región.