En una decisión judicial histórica, el exdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Giancarlo Auque de Silvestri, fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión por la tortura psicológica agravada contra la periodista Claudia Julieta Duque. El fallo establece que la persecución fue una represalia por sus investigaciones sobre el asesinato de Jaime Garzón y constituye violencia de género. El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá determinó que Auque de Silvestri fue uno de los responsables de un plan sistemático de persecución contra la periodista entre 2001 y 2004. La sentencia detalla que el exfuncionario fue uno de los gestores del denominado grupo “G3”, una estructura ilegal dentro del DAS que utilizó recursos públicos para realizar “inteligencia ofensiva o guerra psicológica” contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores al gobierno de la época. La tortura contra Duque incluyó secuestro, seguimientos ilegales, amenazas de muerte e intimidaciones contra su hija menor, lo que la forzó al exilio en dos ocasiones. El fallo subraya que estas acciones buscaban “quebrarla psicológicamente” para impedir que continuara sus investigaciones sobre la presunta implicación de agentes del Estado en el homicidio de Jaime Garzón.
La juez calificó los hechos como violencia de género, al ser utilizados como “forma de castigo frente a su actividad periodística”.
La condena, que representa la novena contra exfuncionarios del DAS por este caso, incluye una multa de 1.200 salarios mínimos y una inhabilidad para ejercer funciones públicas. Además, se ordenó la expedición de una circular roja de Interpol para la captura de Auque de Silvestri y que el fallo sea publicado en la página web de la Presidencia de la República.
En resumenUn tribunal condenó al exdirector de inteligencia del DAS, Giancarlo Auque de Silvestri, a más de 12 años de prisión por la tortura psicológica agravada de la periodista Claudia Julieta Duque. El fallo confirma una campaña sistemática de persecución estatal, vinculada a su investigación sobre el asesinato de Jaime Garzón, y califica los actos como violencia de género, marcando un paso significativo para la justicia y la libertad de prensa en Colombia.