El alcalde Eder fue contundente al respecto: “Esta es una amenaza muy seria.

Estos sinvergüenzas nos quieren llevar a la década de los 80”.

Aseguró que la intimidación proviene del mismo grupo que ejecutó el atentado y que no se dejará amedrentar. Por su parte, la gobernadora Toro agradeció a la inteligencia del Ejército y la Policía por su protección y reafirmó que “la seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad”. La noticia generó una ola de solidaridad y rechazo a nivel nacional.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su apoyo y criticó las políticas del gobierno nacional, afirmando que “quien ha protegido a las disidencias de las Farc, al ELN y a otras estructuras criminales ha sido el propio Petro y su Gobierno”. Gremios como el Consejo Gremial Nacional, AmCham Colombia y Fenalco condenaron las amenazas y exigieron al Estado garantías de seguridad. Como respuesta, el Ministerio de Defensa anunció el despliegue de una fuerza élite de 50 comandos antiterroristas urbanos en Cali para reforzar la ‘Operación Sultana’ y “blindar, no solo al alcalde y a la gobernadora, sino a la ciudad”.