Crisis en La Rioja: Muerte de joven Emberá evidencia la vulnerabilidad de la comunidad en Bogotá

La muerte de un joven de 20 años en el asentamiento indígena de La Rioja en Bogotá ha puesto de manifiesto la grave crisis humanitaria y de convivencia que enfrenta la comunidad Emberá desplazada en la capital. El hecho, ocurrido en medio de una celebración con alto consumo de alcohol, ha llevado a las autoridades distritales a reforzar las medidas de protección, especialmente para los niños, niñas y adolescentes. El fallecimiento de Hamilton Palacios, de 20 años, se registró en la mañana del sábado 23 de agosto, presuntamente durante una riña con su propio hermano en la que resultó herido con arma cortopunzante en el tórax. A pesar de ser trasladado a la Unidad de Servicios de Salud Santa Clara, falleció por la gravedad de la lesión. La Administración Distrital informó que había solicitado previamente a los líderes de la comunidad suspender la celebración debido a los riesgos asociados al consumo de alcohol, especialmente para los 289 menores que habitan en el asentamiento. Ante la negativa, se activó un plan de acompañamiento con diversas entidades. Como resultado de las medidas preventivas, el Distrito ha trasladado a decenas de menores a Centros Amar y Proteger en coordinación con el ICBF para el restablecimiento de sus derechos. En algunos casos, los niños no pudieron ser entregados de vuelta a sus cuidadores por encontrarse estos en estado de alicoramiento.

La Secretaría de Salud también ha enfrentado restricciones para acceder al asentamiento, lo que dificulta la atención médica. Las autoridades lamentaron los hechos y reiteraron el llamado a rechazar la violencia y a avanzar en soluciones duraderas como el retorno y la reubicación de la comunidad Emberá.

En resumen

Una muerte violenta en el asentamiento Emberá de La Rioja en Bogotá ha expuesto una severa crisis humanitaria dentro de esta comunidad indígena desplazada. El incidente ha provocado una respuesta urgente de las autoridades de la ciudad, centrada en la protección de los menores, y ha puesto de relieve los profundos desafíos de violencia, salud y convivencia que enfrentan.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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