De manera similar, en Pasto, la Secretaría de Bienestar Social lideró la jornada ‘Pies en la Calle, Corazón en el Cielo’, brindando atención integral a más de 500 personas. Estas iniciativas contrastan con la situación en Montería, donde la comunidad ha expresado su temor por los ataques de una mujer habitante de calle que deambula semidesnuda y ha agredido a ciudadanos, incluyendo un adulto mayor. Los residentes piden una intervención similar a la realizada con otro habitante de calle con conductas agresivas, quien fue internado en un centro de rehabilitación. A nivel de política pública, la Gobernación del Chocó, a través de la Secretaría de Integración Social, instaló la Primera Mesa Técnica Territorial de Habitante de Calle, con el fin de adaptar la Política Pública Departamental para garantizar la protección y restablecimiento de los derechos de esta población. Durante el encuentro, una exhabitante de calle relató su proceso de rehabilitación, señalando que la resocialización es posible con oportunidades reales y acompañamiento institucional.
Habitantes de calle: entre la atención institucional y la vulnerabilidad extrema
La situación de los habitantes de calle en varias ciudades de Colombia evidencia una profunda crisis de derechos humanos, que abarca desde la falta de servicios básicos hasta la exposición a la violencia. Mientras en Tunja y Pasto se implementan jornadas de atención integral, en Montería crece la alarma por agresiones y en Chocó se instala una mesa técnica para abordar la problemática. En un esfuerzo por dignificar a esta población, la Alcaldía de Tunja, donde se registran 260 personas en esta condición, habilitó dos duchas en la antigua terminal de transportes como parte de sus jornadas semanales de bienestar. Estas jornadas incluyen entrega de ropa, peluquería y alimentación.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






